El concepto de pobreza y exclusión social ha evolucionado desde que se empiezan a hacer estudios relativos a estos temas hasta ahora. En España en concreto se había considerado el término pobreza desde la perspectiva del ingreso. Recientemente es ampliamente aceptada la perspectiva multidimensional que abarca salud, educación e ingresos; los indicadores para la exclusión social hacen referencia a parados-as de larga duración.
Andalucía y Extremadura (junto con Canarias y Murcia) se sitúan a la cabeza de la pobreza y exclusión del conjunto de comunidades autónomas españolas. Esta situación es una característica histórica de los pueblos del sur de España.
Aunque en el periodo 1980 – 2000, y desde la perspectiva del Desarrollo Humano, los distintos indicadores de pobreza y desarrollo humano han estado descendiendo en toda España, la situación actual de crisis fijan a Andalucía –junto con Extremadura- como las CCAA con más riesgo de pobreza y exclusión social de España, en situación realmente crítica.
Por provincias, y en esta ocasión siguiendo los últimos informes del Instituto Andaluz de Estadística, el dato más significativo es que las tasas de paro y de actividad son muy parecidas en todas las provincias y rondan en torno al 11 y 14 %, de lo que se puede deducir que el desempleo es realmente alto en Andalucía.
De los nuevos ámbitos afectados por la crisis económica destacamos el concepto de exclusión financiera. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE incluye un módulo novedoso sobre endeudamiento y exclusión financiera, analizando aspectos como número de productos bancarios (libretas, tarjetas) que posee un individuo o porcentaje de descubiertos en estos productos bancarios.
En relación con los colectivos más afectados y con las políticas que se llevan a cabo para paliar la pobreza y exclusión, hay que señalar el principio de igualdad de trato se aplica en el acceso al empleo, condiciones laborales, formación y acceso a bienes y servicios. Cualquier ciudadano de la comunidad andaluza tiene derecho a no ser excluido por su condición de mujer u hombre, por ser de clase más baja, por su etnia o raza, sus creencias religiosas, orientación sexual, edad o por ser una persona discapacitada.
La crisis económica está afectando especialmente a las personas que se encuentran en peor situación de pobreza y exclusión social y son las entidades sociales, junto a otras redes de ayuda y solidarias, las que están siendo testigos de esta realidad y las que se están haciendo cargo de las personas que más sufren estas consecuencias.
El incremento del paro así como la subida del precio de hipotecas y alquileres, están redibujando el perfil de la pobreza en muchos puntos de Andalucía. Esta situación está generando un tipo de pobreza “silenciosa”, conformada por personas que, a pesar de encontrarse de forma frecuente en una situación de precariedad económica objetiva, no pasan habitualmente por pobres porque socialmente no se les reconoce como tales. Ya, a finales de 2006, un análisis del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía anunciaba la existencia de 800.000 pobres en nuestra comunidad.
El objetivo de exponer las causas, consecuencias y soluciones a la pobreza y la exclusión social a partir de 2009 se sitúa en un contexto propicio para promover la concienciación social e impulsar políticas sociales desde las administraciones públicas, marcado por iniciativas regionales –leyes de inclusión social, entre otras. El Plan Estratégico 2009 plantea como una de sus acciones “aprovechar el Año Europeo como una oportunidad para incrementar la conciencia del público y de los gobernantes acerca de las causas de fondo y la extensión de la pobreza por toda la Unión Europea.”
La Administración Autonómica Andaluza debe culminar el desarrollo legislativo de la Ley de Inclusión Social en Andalucía, norma que otorgará el máximo rango legal a todas las medidas que la Administración autonómica lleva a cabo para erradicar las situaciones de exclusión y pobreza. Dicha ley debe reconocer y regular el derecho subjetivo a la Renta básica de las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como, el desarrollo de políticas de prevención y atención a situaciones de exclusión social que promuevan la inclusión y contribuyan a la eliminación de las causas que originan la marginación y las desigualdades.
Además es necesario que se implanten como medidas y actuaciones de la ley equipos específicos de orientación profesional en Zonas con Necesidades de Transformación Social y barrios con más dificultades de las grandes ciudades, para una atención más cercana a las personas con dificultades, así como empresas para la inserción de colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión.
Aunque en el periodo 1980 – 2000, y desde la perspectiva del Desarrollo Humano, los distintos indicadores de pobreza y desarrollo humano han estado descendiendo en toda España, la situación actual de crisis fijan a Andalucía –junto con Extremadura- como las CCAA con más riesgo de pobreza y exclusión social de España, en situación realmente crítica.
Por provincias, y en esta ocasión siguiendo los últimos informes del Instituto Andaluz de Estadística, el dato más significativo es que las tasas de paro y de actividad son muy parecidas en todas las provincias y rondan en torno al 11 y 14 %, de lo que se puede deducir que el desempleo es realmente alto en Andalucía.
De los nuevos ámbitos afectados por la crisis económica destacamos el concepto de exclusión financiera. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE incluye un módulo novedoso sobre endeudamiento y exclusión financiera, analizando aspectos como número de productos bancarios (libretas, tarjetas) que posee un individuo o porcentaje de descubiertos en estos productos bancarios.
En relación con los colectivos más afectados y con las políticas que se llevan a cabo para paliar la pobreza y exclusión, hay que señalar el principio de igualdad de trato se aplica en el acceso al empleo, condiciones laborales, formación y acceso a bienes y servicios. Cualquier ciudadano de la comunidad andaluza tiene derecho a no ser excluido por su condición de mujer u hombre, por ser de clase más baja, por su etnia o raza, sus creencias religiosas, orientación sexual, edad o por ser una persona discapacitada.
La crisis económica está afectando especialmente a las personas que se encuentran en peor situación de pobreza y exclusión social y son las entidades sociales, junto a otras redes de ayuda y solidarias, las que están siendo testigos de esta realidad y las que se están haciendo cargo de las personas que más sufren estas consecuencias.
El incremento del paro así como la subida del precio de hipotecas y alquileres, están redibujando el perfil de la pobreza en muchos puntos de Andalucía. Esta situación está generando un tipo de pobreza “silenciosa”, conformada por personas que, a pesar de encontrarse de forma frecuente en una situación de precariedad económica objetiva, no pasan habitualmente por pobres porque socialmente no se les reconoce como tales. Ya, a finales de 2006, un análisis del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía anunciaba la existencia de 800.000 pobres en nuestra comunidad.
El objetivo de exponer las causas, consecuencias y soluciones a la pobreza y la exclusión social a partir de 2009 se sitúa en un contexto propicio para promover la concienciación social e impulsar políticas sociales desde las administraciones públicas, marcado por iniciativas regionales –leyes de inclusión social, entre otras. El Plan Estratégico 2009 plantea como una de sus acciones “aprovechar el Año Europeo como una oportunidad para incrementar la conciencia del público y de los gobernantes acerca de las causas de fondo y la extensión de la pobreza por toda la Unión Europea.”
La Administración Autonómica Andaluza debe culminar el desarrollo legislativo de la Ley de Inclusión Social en Andalucía, norma que otorgará el máximo rango legal a todas las medidas que la Administración autonómica lleva a cabo para erradicar las situaciones de exclusión y pobreza. Dicha ley debe reconocer y regular el derecho subjetivo a la Renta básica de las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como, el desarrollo de políticas de prevención y atención a situaciones de exclusión social que promuevan la inclusión y contribuyan a la eliminación de las causas que originan la marginación y las desigualdades.
Además es necesario que se implanten como medidas y actuaciones de la ley equipos específicos de orientación profesional en Zonas con Necesidades de Transformación Social y barrios con más dificultades de las grandes ciudades, para una atención más cercana a las personas con dificultades, así como empresas para la inserción de colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión.
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